Nueva ley obliga al uso del mandarín y desmantela la autonomía minoritaria
La legislatura china ha codificado la campaña de asimilación de larga data del presidente Xi Jinping en una nueva ley nacional, formalizando la integración cultural de las 55 minorías étnicas oficialmente reconocidas del país. La legislación reemplaza efectivamente la Ley de Autonomía Étnica Regional de la década de 1980, que había prometido autogobierno limitado y libertad lingüística. Las nuevas reglas exigen el uso del chino estándar como idioma principal en todas las escuelas y entornos públicos, requiriendo que todos los estudiantes tengan un dominio fundamental del mandarín para la escuela secundaria.
Esta política formaliza acciones ya implementadas en regiones como el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior, donde un movimiento similar en 2020 para reemplazar los libros de texto en idioma mongol provocó protestas generalizadas. La ley tiene como objetivo forjar un "fuerte sentido de comunidad para la nación china" centrado en la cultura y el idioma de la mayoría Han.
Esto pone un clavo en el ataúd de la promesa original del partido de una autonomía significativa.
— James Leibold, Profesor de la Universidad La Trobe.
Para los inversores extranjeros y las corporaciones multinacionales, la característica más preocupante de la ley es su alcance extraterritorial. Otorga a las autoridades chinas el poder de responsabilizar legalmente a individuos y grupos ubicados fuera de China por socavar la unidad nacional o participar en "actos separatistas". Esta disposición crea un marco de riesgo legal similar a la Ley de Seguridad Nacional impuesta en Hong Kong en 2020, que se ha utilizado para atacar a activistas en el extranjero y crea una incertidumbre significativa en cuanto al cumplimiento y la operación para las empresas internacionales.
La cláusula expande la jurisdicción legal de Beijing más allá de sus fronteras, lo que indica una postura más agresiva en la vigilancia de la disidencia y el control de la narrativa global sobre sus políticas internas. Esto aumenta el potencial de fricción geopolítica y complica la evaluación de riesgos para cualquier entidad con exposición a China, ya que las acciones consideradas permisibles en otros lugares podrían interpretarse como ilegales bajo esta nueva ley.