La prohibición de redes sociales para menores de 16 años, implementada hace un año en Australia, no ha logrado frenar el uso entre adolescentes: 7 de cada 10 niños menores de edad aún mantienen cuentas en las principales plataformas.
El gobierno australiano anunció el sábado que duplicaría la penalización máxima para las empresas tecnológicas que no eliminen las cuentas de menores, elevando el tope a 99 millones de dólares australianos (68 millones de dólares estadounidenses), ante la creciente evidencia de que la primera prohibición mundial de redes sociales para jóvenes ha tenido poco efecto en el uso adolescente.
"El gobierno está evaluando si las leyes son lo suficientemente sólidas", declaró el primer ministro Anthony Albanese a la Australian Broadcasting Corp. el viernes, añadiendo que los funcionarios están revisando si la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, la autoridad nacional de seguridad en línea, tiene "todos los poderes a su disposición".
La prohibición, que entró en vigor el 10 de diciembre de 2025, impide que los menores de 16 años tengan cuentas en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Kick, Reddit, Threads y Twitch. Las empresas que no tomen "medidas razonables" para eliminar las cuentas de menores ahora se enfrentan a multas de hasta A$99 millones, frente a los A$49,5 millones (34 millones de dólares) originales establecidos cuando la ley se aprobó a finales de 2024.
Esta escalada se produce cuando los datos muestran que la prohibición ha fracasado en gran medida en su objetivo declarado. Los datos propios de eSafety publicados en marzo revelaron que 7 de cada 10 niños menores de edad seguían teniendo cuentas en Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok desde diciembre. Un estudio publicado el miércoles en el British Medical Journal encontró que el 85% de un grupo de australianos de 12 a 17 años utilizaba plataformas restringidas.
"Creo que está fracasando", dijo Lisa Given, experta en ciencias de la información de la Universidad RMIT de Melbourne. "Muchos niños en los medios han informado que también creen que esto es realmente un ejercicio fallido".
Brechas en el cumplimiento y presión regulatoria
Inman Grant declaró en abril que estaba considerando acciones judiciales contra Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube, alegando que no estaban haciendo lo suficiente para mantener a los niños pequeños fuera de sus plataformas. El Sydney Morning Herald informó que Inman Grant dijo en una entrevista a principios de junio: "No tengo poderes potentes".
"O la comisionada de eSafety necesita más poderes o debemos adoptar otro enfoque para la aplicación de la ley", dijo Given, añadiendo que probablemente serían los tribunales quienes decidieran qué constituyen "medidas razonables" según la ley.
Albanese dijo que su gobierno procedería con una legislación sobre el deber de cuidado digital que responsabilice a las plataformas por los daños previsibles causados por el contenido y los algoritmos, como parte de esfuerzos más amplios para hacer cumplir la prohibición de redes sociales.
Efectos globales en cadena
La medida de Australia está siendo observada de cerca por otras naciones que buscan implementar restricciones similares. Reino Unido anunció la semana pasada planes para prohibir que los menores de 16 años accedan a varias plataformas para protegerlos de contenido dañino y del uso excesivo de pantallas. Canadá, Brasil e Indonesia han presentado legislación o anunciado restricciones basadas en la edad para el acceso de menores a las redes sociales. Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur se encuentran entre otros países que están estudiando o desarrollando enfoques similares.
La duplicación de las multas señala que la aplicación efectiva —y no solo la legislación— será el desafío definitorio para los gobiernos que buscan regular el acceso de los menores a las redes sociales. Para las principales plataformas, incluidas Meta Platforms Inc., Google de Alphabet Inc., TikTok de ByteDance Ltd. y Snap Inc., la ofensiva australiana añade costos de cumplimiento y riesgos legales en un mercado de 27 millones de personas, al tiempo que podría sentar un precedente para jurisdicciones más grandes que están considerando medidas similares.
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