Dos casos muestran cómo los burócratas pueden silenciarte de por vida

Dos ejemplos crudos de extralimitación gubernamental —uno que impone aumentos de tarifas agobiantes a los agricultores de Wisconsin y otro que silencia a los ciudadanos de por vida a manos de la Comisión de Bolsa y Valores— están exponiendo el creciente poder del estado administrativo. En ambos casos, se crearon normas con fuerza de ley no por legisladores electos, sino por las mismas agencias burocráticas que las aplican, planteando una pregunta fundamental que ahora está ante la Corte Suprema: ¿quién gobierna realmente a Estados Unidos?

"¿Qué tipo de gobierno dice: 'Podemos presentar cargos ruinosos contra nuestros ciudadanos... pero, si quieren que los dejemos en paz, el precio de la paz significa que nunca podrán impugnar ninguna acusación que hayamos hecho'?", dijo Peggy Little, abogada litigante principal de la New Civil Liberties Alliance, que está impugnando a la SEC. "Ningún gobierno tiene el monopolio de la verdad. Y en Estados Unidos, la Primera Enmienda lo prohíbe".

Las consecuencias de este poder sin control se hicieron evidentes en Wisconsin después de que un fallo judicial de 2025 liberara al Departamento de Agricultura, Comercio y Protección del Consumidor (DATCP). La agencia propuso rápidamente aumentos de tarifas asombrosos, incluido un incremento de casi el 1,700 por ciento para una licencia de mercado de animales, de 420 a 7,430 dólares. Las tarifas de registro de camiones de ganado estaban programadas para saltar un 517 por ciento, de 60 a 370 dólares.

Lo que está en juego es el principio central de la responsabilidad democrática. Cuando los funcionarios electos hacen leyes, responden ante los votantes. Pero cuando los burócratas en las capitales estatales o en Washington D.C. pueden redactar, interpretar y aplicar sus propias reglas, los ciudadanos se quedan sin ningún recurso significativo. La decisión no pertenece al pueblo; pertenece a la agencia.

### Cuando un aumento de tarifas del 1,700 por ciento es un problema de 'Proceso'

En Wisconsin, la reacción contra la estructura de tarifas propuesta por el DATCP fue rápida, lo que obligó a la agencia a dar marcha atrás en los aumentos más extremos. Sin embargo, el episodio sirvió como una demostración escalofriante del poder burocrático. El senador estatal Romaine Quinn (republicano por Birchwood) presentó un proyecto de ley para reclamar ese poder, buscando congelar las tarifas y requerir la aprobación legislativa para futuros aumentos.

El gobernador Tony Evers lo vetó. "También veto este proyecto de ley porque creo que el proceso actual relacionado con la promulgación de normas y el establecimiento, aumento o creación de tarifas funciona, lo que incluye garantizar una participación pública y una rendición de cuentas adecuadas", escribió Evers en su mensaje de veto. Argumentó que el intento de la legislatura de reclamar autoridad estaba "obstruyendo el trabajo del pueblo".

Quinn criticó la lógica del gobernador. "Me parece ofensivo que el gobernador considere 'trabajo del pueblo' atacar a quienes trabajan duro para sobrevivir en nuestra industria agrícola", dijo. El incidente, argumentó Quinn, mostró que el "estado profundo burocrático es libre de realizar estos cambios por su cuenta". Incluso después de que se redujeron las tarifas, la decisión final fue tomada por la misma agencia que propuso el aumento inicial del 1,700 por ciento, no por el público o sus representantes electos.

### Cuando el gobierno te silencia de por vida

Si el caso de Wisconsin revela el poder económico del estado administrativo, un caso que ahora está ante la Corte Suprema de los EE. UU., Powell v. SEC, muestra su poder para controlar algo aún más fundamental: el discurso. Durante 50 años, la SEC ha aplicado una "Regla de Mordaza", una condición de acuerdo que prohíbe a los demandados negar públicamente las acusaciones de la agencia.

Dado que la SEC gana aproximadamente el 98 por ciento de los casos que van a juicio y los honorarios legales ascienden a millones, casi todos los demandados llegan a un acuerdo. Thomas J. Powell, un empresario acusado por la SEC de engañar a los inversores, ya había gastado más de 4 millones de dólares en honorarios legales cuando llegó a un acuerdo por una multa de 75,000 dólares. El precio de ese acuerdo fue su silencio de por vida. No puede negar las acusaciones ni siquiera crear la impresión de una negación.

La New Civil Liberties Alliance argumenta que esto es una restricción previa al discurso inconstitucional y una violación de la Primera Enmienda. "La SEC tiene el deber público de ser avergonzada cuando sea apropiado; su recurso bajo la Primera Enmienda es no presentar casos vergonzosos o explicar por sí mismos por qué sus casos están justificados", escribió el Liberty Justice Center en un escrito de amicus curiae. La regla, dicen los críticos, protege a la SEC del escrutinio y la rendición de cuentas.

Estos dos casos, uno sobre tarifas agrícolas a nivel estatal y el otro sobre el poder de censura de una agencia federal, no son incidentes aislados. Son síntomas de la misma enfermedad subyacente: el reemplazo del estado de derecho por la ley de la norma. En Wisconsin, los legisladores intentaron restaurar el control democrático y fueron vetados. En Washington, los ciudadanos piden ahora a la Corte Suprema que haga lo mismo. La pregunta ante los magistrados no es solo sobre las tarifas de ganado o una sola orden de mordaza; se trata de si la cuarta rama del gobierno, no elegida, puede seguir escribiendo sus propias leyes, aislada de las personas a las que se supone que debe servir.

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