El Comité Bancario del Senado está finalizando un proyecto de ley de reforma de la estructura del mercado para las criptomonedas, pero enfrenta posibles obstáculos por parte de los demócratas preocupados por los conflictos de intereses.

Resumen Ejecutivo

Se espera que el Comité Bancario del Senado, bajo el presidente Tim Scott, publique un proyecto de ley de reforma de la estructura del mercado para activos digitales. El proyecto de ley tiene como objetivo proporcionar claridad regulatoria y abordar los riesgos clave en el ecosistema cripto. Sin embargo, el esfuerzo enfrenta una posible resistencia de los demócratas, lo que genera preocupaciones sobre los conflictos de intereses y el ritmo del proceso legislativo.

El Evento en Detalle

El Comité Bancario del Senado está finalizando un borrador de la Ley de Innovación Financiera Responsable de 2025 (RFIA), con planes para las marcas del comité a fines de septiembre, revisiones en octubre y votaciones completas del Senado en noviembre-diciembre. El proyecto de ley busca aclarar el papel de la SEC en la supervisión de los mercados de criptomonedas y establece un marco jurisdiccional que asigna autoridad regulatoria entre la SEC y la CFTC. El proyecto de ley requiere que la SEC consulte con la CFTC en ciertas reglamentaciones. El proyecto de ley incluye un enfoque integral para combatir los riesgos de financiación ilícita asociados con los activos digitales.

El proyecto de legislación incluye disposiciones clave como la definición de activos digitales, lo que significa cualquier representación digital de valor que se registre en un libro mayor distribuido criptográficamente seguro. El proyecto de ley también permite expresamente a los bancos y sociedades de cartera financiera participar en una amplia gama de actividades de activos digitales, incluida la custodia, el comercio, los préstamos, las actividades de pago, la operación de nodos y los servicios de corretaje o derivados, sujetos a las leyes bancarias existentes. El proyecto de ley se centra ampliamente en los requisitos de divulgación de los originadores de activos auxiliares a la SEC, estableciendo un marco destinado a promover la transparencia al tiempo que adapta las obligaciones al tamaño y la naturaleza del originador. Los originadores de activos auxiliares deben proporcionar divulgaciones semestrales a la SEC, que cubran información corporativa, detalles económicos sobre el activo auxiliar, factores de riesgo y más. Sin embargo, no se requiere la divulgación si el originador recauda menos de $5 millones por activo auxiliar en un período de 12 meses y si el volumen de negociación diario promedio del activo es inferior a $5 millones.

Implicaciones para el Mercado

El impacto potencial del proyecto de ley podría remodelar significativamente el panorama regulatorio para las criptomonedas en los EE. UU., afectando a los intercambios, los proveedores de custodia y otros participantes del mercado. La legislación estipula que los contratos de inversión requieren una inversión en una empresa, pero no necesariamente una empresa común, según lo determinado por Howey. La Ley CLARITY establece una definición para “activos de contrato de inversión”, que son productos básicos de activos digitales que se venden para recaudar capital, similar a lo que actualmente se considera una oferta inicial de monedas. Estos activos, bajo CLARITY, se considerarían valores y estarían bajo la jurisdicción de la SEC.

Comentarios de Expertos

“Sería un desastre si la mayoría apresurara el proceso”, dijo el senador Mark Warner (D-Va.). “La estructura del mercado es exponencialmente más difícil que las stablecoins.”

El personal de la senadora Elizabeth Warren emitió una hoja informativa que establece que el “proyecto de ley republicano sobre la estructura del mercado de criptomonedas amenaza los ahorros para la jubilación de los estadounidenses, aumenta las posibilidades de un colapso financiero, no aborda los riesgos de financiación ilícita y la corrupción presidencial, y deja a los inversores en criptomonedas vulnerables”.

Jake Chervinsky, abogado y experto en criptomonedas, expresó su preocupación de que la compañía de criptomonedas relacionada con Trump, World Liberty Financial, crearía conflictos de intereses, y que muchos no estarían dispuestos a apoyar la legislación vinculada a los intereses financieros personales del Presidente.

Contexto Más Amplio

El panorama cripto de EE. UU. ha experimentado una importante transformación regulatoria a mediados de 2025, impulsada por el impulso de la administración Trump para crear un marco federal más claro para los activos digitales. Este esfuerzo legislativo coordinado, apodado "Semana Cripto", condujo a la aprobación de leyes históricas y a la circulación de nuevas propuestas del Senado que tienen como objetivo definir cómo se regulan los activos digitales en todo el país. La iniciativa refleja una creciente voluntad política para ponerse al día con regímenes más desarrollados en la UE y el Reino Unido, que ya han promulgado una legislación cripto integral centrada en la integridad del mercado, la protección de los inversores y la innovación.

Varias leyes ya han sido promulgadas, incluida la Ley GENIUS, que representa la primera ley federal integral que regula las stablecoins de pago. La Ley GENIUS exige que las stablecoins estén respaldadas 1:1 por activos líquidos de alta calidad, específicamente dólares estadounidenses o bonos del Tesoro a corto plazo. Los emisores deben publicar informes de reservas mensuales, sujetos a la certificación de un auditor independiente. Solo las instituciones de depósito aseguradas federalmente, los bancos fiduciarios nacionales o las compañías fiduciarias con estatuto estatal que cumplan con los estándares especificados pueden emitir stablecoins calificadas. Todos los emisores deben cumplir con la Ley de Secreto Bancario y las obligaciones contra el lavado de dinero, incluido el KYC y la presentación de informes de actividades sospechosas. Las stablecoins no pueden ofrecer rendimientos o intereses a los tenedores de stablecoins.

Con la Ley GENIUS ahora en vigor y tanto la Ley Clarity como el proyecto de ley Anti-CBDC pendientes en el Senado, 2025 marca un año fundamental para la regulación de los activos digitales. El marco federal para las criptomonedas se está definiendo más, aunque persisten preguntas abiertas sobre la protección del consumidor, los conflictos de intereses del poder ejecutivo y el tratamiento fiscal integral.