Resumen ejecutivo

La Comisión Nacional contra el Lavado de Dinero de Fiyi (NAMLC) y el Banco de la Reserva de Fiyi (RBF) han emitido una prohibición integral sobre los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP), citando riesgos sustanciales de lavado de dinero y financiación del terrorismo, deteniendo efectivamente las operaciones de criptomonedas en la nación. Esta decisión subraya la priorización de la seguridad financiera y la integridad nacional por parte de la nación sobre la adopción de activos digitales.

El evento en detalle

El Banco de la Reserva de Fiyi (RBF) ha implementado una prohibición generalizada sobre todos los proveedores de servicios de activos virtuales, que entrará en vigor el 30 de agosto de 2025. Esta prohibición, formalizada a través de cambios en la Ley RBF de 1983, apunta específicamente a actividades que incluyen el intercambio, la transferencia, la tenencia o la promoción de criptomonedas, stablecoins, Tokens No Fungibles (NFT) y otros tokens digitales. La prohibición se extiende a individuos o empresas que brindan estos servicios, independientemente de su ubicación geográfica, si se dirigen a residentes de Fiyi. Las sanciones por incumplimiento incluyen multas de hasta $1 millón o encarcelamiento por hasta 14 años.

El Consejo Nacional contra el Lavado de Dinero (NAMLC), a través de su presidenta Selina Kuruleca, ha reafirmado esta prohibición, enfatizando las amenazas del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. El consejo destacó que la naturaleza anónima, descentralizada, rápida y transfronteriza de las transacciones de activos virtuales las hace atractivas para organizaciones ilícitas y redes extremistas. El RBF ha declarado explícitamente que los activos digitales no son reconocidos como moneda de curso legal en Fiyi, y su uso para pagos o inversiones está estrictamente prohibido bajo la Ley de Control de Cambios de 1950. Esta prohibición también abarca cualquier publicidad o asistencia técnica relacionada con activos virtuales, y los residentes tienen prohibido usar métodos de pago nacionales para adquirir activos digitales.

Deconstruyendo la mecánica financiera

La acción regulatoria de Fiyi aprovecha los marcos legales existentes, específicamente la Ley RBF de 1983 y la Ley de Control de Cambios de 1950, para hacer cumplir la prohibición integral. Las penas establecidas de hasta $1 millón en multas y 14 años de prisión son significativas, con el objetivo de disuadir tanto a entidades nacionales como extranjeras de participar en actividades de activos digitales restringidas dentro de la jurisdicción de Fiyi o de dirigirse a sus residentes. El RBF ha subrayado su falta de emisión de licencias para servicios de comercio o inversión de criptomonedas, reforzando que ninguna organización está autorizada a operar en este campo. Este mecanismo de aplicación financiera tiene como objetivo cortar completamente el sistema financiero de Fiyi de los flujos de activos virtuales no regulados.

Estrategia empresarial y posicionamiento en el mercado

La estrategia de Fiyi se basa en un enfoque basado en el riesgo, alineándose con las directrices del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El NAMLC ha afirmado que las capacidades actuales de aplicación de la ley y tecnológicas de Fiyi son inadecuadas para una supervisión segura de una industria de activos virtuales "compleja" y en rápida evolución. Esto contrasta con naciones como Pakistán, que inicialmente prohibió las criptomonedas pero luego se orientó hacia el desarrollo de un marco regulatorio, reconociendo el potencial de inclusión financiera y beneficios económicos. La postura de Fiyi prioriza la protección de su sistema financiero y la seguridad nacional sobre la innovación potencial, eligiendo una prohibición completa hasta que se puedan establecer marcos regulatorios y técnicos sólidos. Esto posiciona a Fiyi como una de las jurisdicciones más estrictas de Oceanía en cuanto a la regulación de activos digitales, renunciando a beneficios potenciales como transacciones transfronterizas más baratas en favor de la estabilidad financiera y la seguridad.

Implicaciones para el mercado

El impacto inmediato de la prohibición de Fiyi es el cese completo de las operaciones de VASP dentro de la nación, aislando efectivamente a Fiyi de la economía global de las criptomonedas. Esta decisión sienta un precedente para otras pequeñas naciones insulares o economías en desarrollo que pueden lidiar con las complejidades de regular los activos digitales en medio de capacidades de supervisión limitadas. Las implicaciones a largo plazo incluyen posibles retrasos en la adopción e integración de activos digitales dentro de Fiyi y la región del Pacífico en general hasta que se desarrollen estándares regulatorios globales o nacionales integrales. Si bien la prohibición mitiga los riesgos de financiación ilícita, también restringe la potencial innovación fintech y las oportunidades de inversión en el ecosistema Web3 para Fiyi. El sentimiento de los inversores hacia la claridad regulatoria en las naciones más pequeñas puede verse afectado negativamente, destacando la divergencia global en los enfoques de gobernanza de activos digitales.

Comentario de expertos

Selina Kuruleca, presidenta del NAMLC, declaró que la prioridad del Consejo sigue siendo "la protección del sistema financiero de Fiyi y la seguridad de su gente, al tiempo que se promueve un entorno seguro y transparente que apoye la inversión legítima y el crecimiento económico". Reconoció que, si bien la regulación de los activos virtuales podría ofrecer beneficios, "la regulación sin la infraestructura necesaria expondrá al país a graves vulnerabilidades". El RBF también ha emitido advertencias contra las promociones de inversión relacionadas con activos digitales en las redes sociales, enfatizando los riesgos de los esquemas no regulados.

Contexto más amplio

La decisión de Fiyi refleja una tendencia global en la que las naciones equilibran la innovación financiera con la seguridad y la estabilidad nacional. Su alineación con las directrices del GAFI, que abogan por un enfoque regulatorio basado en el riesgo, subraya su compromiso con los estándares internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Sin embargo, esta prohibición coloca a Fiyi en una posición más conservadora en comparación con los países que exploran diversos marcos regulatorios para los activos digitales. El NAMLC indicó que una reevaluación de la política podría ocurrir una vez que se establezcan marcos regulatorios y técnicos sólidos, lo que sugiere un posible cambio futuro si los estándares globales evolucionan o si las capacidades internas de Fiyi se fortalecen.