La Demanda Alega Datos Engañosos en los Ensayos de Fase III de Setrusumab
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: RARE) es el objetivo de una demanda colectiva que alega fraude de valores, con múltiples bufetes de abogados, incluidos Rosen Law Firm y Bronstein, Gewirtz & Grossman, llamando a los inversores afectados a tomar medidas. La demanda cubre a los inversores que compraron acciones de la compañía entre el 3 de agosto de 2023 y el 26 de diciembre de 2025. El núcleo de la queja se centra en las declaraciones hechas por la compañía con respecto a su fármaco candidato, setrusumab (UX 143), destinado a pacientes con osteogénesis imperfecta (OI).
Los documentos legales afirman que Ultragenyx proporcionó a los inversores información materialmente falsa y engañosa sobre las perspectivas de sus estudios de Fase III Orbit y Cosmic. Según la demanda, la compañía expresó confianza en que el setrusumab conduciría a una disminución en las tasas de fractura. Sin embargo, la demanda alega que la gerencia ocultó el hecho de que, si bien el fármaco sí aumentó la densidad ósea, esto no se correlacionó con una reducción en las tasas de fractura anualizadas. Esto supuestamente provocó que los valores de Ultragenyx se negociaran a precios artificialmente inflados antes de que el verdadero potencial clínico se hiciera evidente.
Los Inversores Tienen Hasta el 6 de Abril de 2026 para Emprender Acciones Legales
Los accionistas que compraron acciones comunes de RARE durante el período de clase de casi 29 meses pueden tener derecho a una compensación por los daños incurridos. Los bufetes de abogados están animando activamente a estos inversores a buscar asesoramiento legal antes de la fecha límite del 6 de abril de 2026 para el demandante principal, establecida por el tribunal. Un demandante principal es una parte representativa que actúa en nombre de todos los demás miembros de la demanda colectiva para dirigir el litigio.
El inicio de esta demanda crea importantes obstáculos legales y financieros para Ultragenyx. La compañía ahora se enfrenta al riesgo de costos de litigio sustanciales, posibles pagos de acuerdos y daños a la reputación. Esta incertidumbre legal podría disminuir la confianza de los inversores y aplicar una presión a la baja sobre el precio de las acciones a medida que el caso avanza.