La demanda alega que declaraciones engañosas precedieron a una caída del 18% en las acciones
Snowflake Inc. se enfrenta a una demanda colectiva que alega que la compañía y sus ejecutivos hicieron declaraciones falsas o engañosas a los inversores. La demanda, anunciada por el bufete de abogados Robbins Geller Rudman & Dowd, se centra en el período comprendido entre el 27 de junio de 2023 y el 28 de febrero de 2024. La demanda alega que Snowflake no reveló que sus propias mejoras en la eficiencia de los productos, la adopción de tablas Iceberg y los nuevos precios de almacenamiento por niveles estaban creando importantes obstáculos que impactarían negativamente en los ingresos.
Las alegaciones llegaron a un punto crítico el 28 de febrero de 2024, cuando Snowflake anunció sus resultados financieros y reveló una previsión más débil atribuida a estos factores. La divulgación conmocionó a los inversores, provocando que el precio de las acciones ordinarias de Clase A de Snowflake se desplomara más del 18% en un solo día. La demanda afirma que esta fuerte caída fue un resultado directo de la anterior falta de transparencia de la compañía sobre los desafíos a su modelo de ingresos basado en el consumo.
Objetivo de ingresos de 10 mil millones de dólares puesto en duda por alegaciones de la demanda
La acción legal desafía directamente la credibilidad de la orientación financiera a largo plazo de Snowflake, específicamente su ambicioso objetivo de alcanzar 10 mil millones de dólares en ingresos por productos para el año fiscal 2029. Las características citadas en la demanda como problemáticas –como la mejora de la eficiencia del producto– se presentaron anteriormente como beneficios para el cliente. La demanda argumenta que la dirección era consciente de que estas mismas características ralentizarían el crecimiento de los ingresos, pero no informó adecuadamente al mercado.
Esto crea un dilema significativo para los inversores que habían valorado a Snowflake basándose en su trayectoria de alto crecimiento. La demanda introduce un riesgo legal sustancial y posibles sanciones financieras para la compañía. Más allá de la amenaza legal inmediata, las alegaciones plantean preguntas sobre la transparencia de la dirección y la sostenibilidad de su modelo de crecimiento. Los inversores que compraron acciones durante el período de la demanda colectiva tienen hasta el 27 de abril de 2026 para presentar una moción para servir como demandante principal en el caso.