Reclamo de arbitraje supera los $2 mil millones tras la toma de control
La subsidiaria de CK Hutchison Holdings, Panama Ports Company (PPC), amplió su reclamo de arbitraje internacional contra la República de Panamá a más de $2 mil millones el 24 de marzo de 2026. La presentación ante la Cámara de Comercio Internacional se produce después de lo que PPC describe como una toma de control estatal ilegal de sus terminales en los puertos de Balboa y Cristóbal un mes antes, los cuales había operado durante casi tres décadas.
PPC alega que la toma de control implicó la incautación de propiedades y documentos patentados, culminando una campaña de un año por parte del estado contra la compañía. La escalada en los daños refleja el impacto financiero de perder el control sobre estos activos críticos cerca del Canal de Panamá, una vía fluvial que maneja aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial.
Disputa portuaria amenaza venta de activos por $23 mil millones
La batalla legal introduce un riesgo significativo para los planes estratégicos de CK Hutchison, particularmente la propuesta de venta de $23 mil millones de una participación mayoritaria en su negocio portuario global. Un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC) es el comprador potencial, pero el conflicto no resuelto y la incautación de activos en Panamá podrían complicar o devaluar la transacción. CK Hutchison ha confirmado que las negociaciones sobre el acuerdo están en curso.
El conflicto tiene sus raíces en un fallo de la Corte Suprema de Panamá de finales de febrero que canceló las concesiones de PPC. Esta decisión fue supuestamente precedida por una presión sostenida de Estados Unidos sobre Panamá para reducir la influencia comercial china alrededor del estratégico canal, transformando la disputa corporativa en un problema geopolítico más amplio que los inversores deben monitorear.
Panamá defiende la toma de control con nuevas concesiones
Las autoridades panameñas han rechazado las acusaciones de PPC y han actuado para asegurar que los puertos sigan operativos. El gobierno ha otorgado concesiones temporales de 18 meses a nuevos operadores: APM Terminals ahora gestiona la terminal de Balboa, y TIL Panamá, una unidad de MSC, está a cargo de la terminal de Cristóbal.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha refutado públicamente las afirmaciones de PPC sobre retrasos procesales en el proceso de arbitraje, calificando las acusaciones de "escandalosas" y afirmando que el gobierno ha contratado abogados internacionales para defender sus intereses. Panamá sostiene que sus acciones son legales y aún no ha presentado su respuesta inicial en el arbitraje, habiendo citado previamente la necesidad de contratar asesoría legal como motivo de retraso.