Un inversor de criptomonedas con sede en Puerto Rico ha presentado una demanda contra Coinbase Global Inc., alegando que el exchange está reteniendo aproximadamente 55 millones de dólares en monedas estables robadas que fueron rastreadas hasta su plataforma tras un ataque de phishing en 2024.
La demanda, presentada en un tribunal federal de San Francisco, afirma que, si bien Coinbase congeló con éxito los activos robados, se ha negado a devolverlos a la víctima durante más de un año sin una orden judicial directa. El demandante, identificado únicamente como "D.B.", sostiene que el exchange se está enriqueciendo injustamente al retener los fondos. El caso pone de relieve la fricción constante entre los exchanges centralizados y las víctimas de robos de criptomonedas, incluso cuando los activos robados se localizan con éxito.
La batalla legal tiene su origen en un hackeo ocurrido el 20 de agosto de 2024, cuando el demandante perdió más de 55 millones de dólares en la moneda estable DAI tras hacer clic en un enlace malicioso. Según la denuncia, el enlace imitaba la herramienta legítima de DeFi DefiSaver.com pero terminaba en ".app", lo que dirigía al usuario a un sitio controlado por el malware "Inferno Drainer". Los atacantes movieron inmediatamente los fondos a través del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash antes de depositarlos en una cuenta de Coinbase.
Este caso podría establecer un precedente legal significativo sobre la responsabilidad de los exchanges en el manejo de activos robados verificados. Un fallo contra Coinbase podría obligar a las plataformas a adoptar procesos de recuperación de fondos más directos, mientras que una decisión a su favor reforzaría la norma de la industria de exigir órdenes judiciales para mitigar la responsabilidad, dejando a las víctimas en un prolongado estado de incertidumbre.
Tras el robo, el demandante contrató a las firmas de investigación on-chain Zero Shadow y Five Stones, que rastrearon con éxito los fondos blanqueados hasta una cuenta minorista en Coinbase. La demanda establece que a principios de diciembre de 2024, Coinbase había confirmado la identificación de los fondos y congelado la cuenta.
A pesar de haber proporcionado declaraciones juradas y pruebas de propiedad, el demandante afirma que Coinbase no ha devuelto las criptomonedas. La demanda incluye cinco cargos contra el exchange, incluido el enriquecimiento injusto, y el demandante busca la devolución de cualquier beneficio que Coinbase haya podido generar a partir de los activos congelados.
La demanda también presenta siete cargos, incluidos fraude y chantaje, contra los hackers desconocidos, identificados como "John Doe". Nombra a un ciudadano ucraniano, Oleksiy Oleksandrovych Goreliikhin, como una de las partes presuntamente implicadas en el blanqueo de los fondos robados, lo que añade una dimensión internacional al caso. El incidente sirve como un crudo recordatorio de la sofisticación de los ataques de phishing que tienen como objetivo a los usuarios de protocolos DeFi en redes como Ethereum.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
