Las autoridades anticorrupción de Ucrania nombraron al exjefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky sospechoso en un caso de lavado de dinero de 8,9 millones de dólares, un avance significativo en una investigación que afecta de cerca al liderazgo del país en tiempos de guerra.
"Se ha entregado una notificación de sospecha a uno de sus participantes, un exjefe de la Oficina del Presidente de Ucrania", dijo el lunes en un comunicado la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Aunque la agencia no nombró al sospechoso, los medios locales lo identificaron ampliamente como Andriy Yermak.
La investigación, denominada Operación Midas, alega que entre 2021 y 2025, un grupo lavó casi 8,9 millones de dólares para construir cuatro mansiones de lujo en la región de Kyiv. Los investigadores dicen que parte de los fondos se originaron en un esquema de corrupción en Energoatom, la compañía de energía nuclear estatal, donde los funcionarios supuestamente presionaron a las empresas para obtener sobornos en los contratos.
El caso contra Yermak, que llegó a ser considerado el segundo funcionario más poderoso de Ucrania, supone una prueba importante para el compromiso de Kyiv de erradicar la corrupción, una exigencia crítica de los aliados occidentales que proporcionan miles de millones en ayuda financiera y militar. La investigación ya había dado lugar a cargos contra un antiguo socio comercial de Zelensky y un ex viceprimer ministro.
Yermak, que trabajó como principal asesor de Zelensky durante cinco años y fue un negociador clave en las conversaciones con Estados Unidos y Rusia, dimitió en noviembre después de que su casa fuera registrada por agentes anticorrupción. En declaraciones a medios ucranianos, negó poseer propiedades de lujo, pero declinó hacer más comentarios sobre la investigación.
El asesor de comunicaciones presidenciales Dmytro Lytvyn dijo a los periodistas que era prematuro sacar conclusiones mientras la investigación estuviera en curso. La medida contra un ex alto funcionario de tan alto perfil pone de nuevo el foco en la infraestructura anticorrupción de Ucrania, cuya independencia y eficacia son vigiladas de cerca por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
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