Carolina del Sur promulgó el Proyecto de Ley 163 del Senado el martes, creando un amplio marco legal que protege las actividades con criptomonedas y bloquea explícitamente el uso de una moneda digital de banco central. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado del estado con un apoyo abrumador, con votos de 110-1 y 38-1, respectivamente.
"La ley impide que las autoridades estatales y locales acepten o exijan pagos en una moneda digital de banco central (CBDC)", según el texto del proyecto de ley firmado por el gobernador Henry McMaster. También les prohíbe unirse a cualquier programa de prueba de CBDC dirigido por la Junta de la Reserva Federal u otra agencia federal.
La legislación ofrece protecciones claras para que individuos y empresas acepten activos digitales para pagos y utilicen billeteras autocustodiadas. Para los mineros de criptomonedas, la ley evita que los gobiernos locales impongan reglas de zonificación o ruido a las operaciones de minería en áreas industriales que sean más estrictas que las de otros negocios. Sin embargo, las empresas mineras que consuman más de un megavatio de energía deben ser capaces de reducir el uso de energía durante los períodos de estrés en la red eléctrica.
La medida sitúa a Carolina del Sur junto a estados como Kentucky, que aprobó una ley similar en marzo de 2025, en la creación de un entorno regulatorio favorable a las criptomonedas. Al proporcionar claridad legal para mineros, operadores de nodos y desarrolladores de software, que ahora están exentos de ciertos requisitos de licencia de transmisor de dinero, el estado podría atraer más inversiones en el sector de activos digitales antes de posibles acciones federales.
Amplias protecciones para usuarios y mineros
La nueva ley modifica el Título 34 del Código de Leyes de Carolina del Sur para proteger formalmente el derecho de individuos y empresas a aceptar activos digitales como pago y a mantener el control de sus activos a través de billeteras autocustodiadas o de hardware. También evita que los gobiernos locales impongan impuestos adicionales sobre las transacciones simplemente porque se utilizó un activo digital como método de pago.
Para el sector de la minería de criptomonedas, que consume mucha energía, el proyecto de ley ofrece importantes protecciones de zonificación. Los gobiernos locales no pueden imponer restricciones especiales a los negocios mineros en áreas con zonificación industrial a menos que esas reglas también se apliquen a todos los demás negocios en esa zona. Si bien esto protege a los mineros de regulaciones específicas, también incluye una disposición de seguridad de la red. Las operaciones mineras que consuman más de un megavatio de energía deben proporcionar a la Comisión de Servicio Público una copia de su acuerdo de compra de energía, demostrando su capacidad para reducir el consumo de electricidad en momentos de alta demanda.
El estado rechaza la moneda digital del banco central
Un componente central del Proyecto de Ley 163 del Senado es su firme postura contra las CBDC. La ley prohíbe explícitamente a cualquier entidad gubernamental estatal o local aceptar o exigir pagos en una CBDC. Esta medida garantiza que las monedas digitales emitidas por la Reserva Federal no puedan integrarse en las operaciones financieras del estado.
La prohibición se extiende a cualquier programa piloto, impidiendo que las agencias estatales participen en cualquier prueba de una CBDC. Esta acción legislativa refleja un debate creciente en los EE. UU. sobre el potencial de las monedas digitales emitidas por el gobierno para afectar la privacidad financiera y la libertad.
Claridad legal para desarrolladores y stakers
El proyecto de ley también proporciona la claridad necesaria para otros participantes en el ecosistema cripto. Especifica que no se requiere una licencia de transmisor de dinero para varias actividades clave, incluida la minería de activos digitales, la operación de un nodo de blockchain, el desarrollo de software de blockchain y el intercambio de un activo digital por otro.
Además, la ley establece que las empresas que ofrecen staking-as-a-service no se consideran oferentes de un valor (security) bajo la ley estatal. Esta aclaración reduce una carga regulatoria significativa para dichos servicios, aunque el Fiscal General del estado conserva el poder de procesar cualquier actividad fraudulenta.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
