Nuevas acusaciones sugieren que el gobierno de Qatar pudo haber influido en la decisión de la Corte Penal Internacional de 2024 de emitir órdenes de detención contra líderes israelíes, un acontecimiento que introduce un riesgo geopolítico significativo en los mercados mundiales.
La declaración de un testigo presentada ante la Oficina Federal de Investigación (FBI) alega que el gobierno qatarí prometió "cuidar" del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a cambio de emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo que amenaza con inflamar las tensiones en Oriente Medio e inyectar una nueva volatilidad en los mercados energéticos.
"Él decía: 'Quiero emitir la orden, pero me aterra hacerlo'. Y ellos respondieron: 'Si lo haces, entonces te cuidaremos'", se escucha decir al gerente de una operación de inteligencia en una grabación del 5 de agosto, según la declaración del testigo revisada por el Wall Street Journal. Un abogado del Sr. Khan negó las acusaciones, afirmando que su cliente "no recibió ni se le ofreció (y no habría buscado ni aceptado) ninguna 'promesa' por parte de ningún estado".
Las nuevas pruebas, que incluyen grabaciones de audio, se basan en informes sobre una operación de inteligencia privada supuestamente vinculada a Qatar que tenía como objetivo a los acusadores de Khan y a los críticos internos de la CPI. La noticia hizo que los futuros del crudo Brent subieran un 0,5% en las primeras operaciones por temor a una renovada inestabilidad en la región rica en energía, mientras que el oro, un activo tradicional de refugio seguro, subió un 0,3%.
Estas afirmaciones sitúan al principal tribunal de crímenes de guerra del mundo en el centro de una tormenta geopolítica, lo que podría socavar su legitimidad y crear consecuencias diplomáticas imprevisibles. Para los inversores, el riesgo clave es que un Oriente Medio desestabilizado pueda amenazar los principales puntos estratégicos de energía, recordando el aumento del 15% en los precios del petróleo visto durante escaladas similares en 2019. El órgano de gobierno de la CPI, que ya está tramitando procedimientos disciplinarios contra Khan por otras acusaciones de mala conducta, debe ahora decidir sus próximos pasos antes de su reunión de junio.
La conexión con Qatar
Las acusaciones proceden de un testigo familiarizado con una operación de inteligencia privada llevada a cabo por firmas como Highgate y Elicius Intelligence. Según la declaración, la operación pretendía desacreditar a una abogada subordinada de la CPI que había acusado a Khan de agresión sexual. La embajada de Qatar en Washington reiteró una declaración anterior calificando las acusaciones de "infundadas".
Las grabaciones supuestamente captan a los investigadores hablando de su "país cliente", referido como "país Q", y dos fuentes dijeron al Journal que Qatar era el cliente final. Al parecer, la operación también se dirigió contra Tom Lynch, el alto funcionario de la CPI que informó por primera vez de la acusación de agresión, y contra el senador estadounidense Lindsey Graham.
Este hecho agrava la presión sobre Khan, que se tomó una excedencia voluntaria en mayo de 2025 tras hacerse públicas las acusaciones de agresión. Una investigación de las Naciones Unidas halló una "base fáctica" para las denuncias, aunque un panel posterior encargado por la CPI determinó que las pruebas no cumplían el estándar de "más allá de toda duda razonable" requerido para los casos penales. Aun así, los gobernadores del tribunal votaron este mes a favor de seguir adelante con los procedimientos disciplinarios.
Un tribunal bajo escrutinio
La controversia se suma a una serie de desafíos para la CPI, que se ha enfrentado a críticas por centrarse en determinados países mientras supuestamente ignora los abusos de otros. El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional advirtió en un informe reciente de un "orden mundial 'depredador'" en el que líderes poderosos alimentan las crisis y socavan los sistemas de protección mundial construidos durante los últimos 80 años.
La decisión de 2024 de solicitar órdenes de detención tanto para los líderes de Hamás como para los líderes de Israel elegidos democráticamente fue vista por muchos como una falsa equivalencia que ignoraba la naturaleza de la agresión inicial de Hamás. La medida sorprendió a muchos de los propios colaboradores de Khan y desbarató su propio calendario de investigación, según el Journal.
Para las familias de las víctimas de otros casos, como la guerra contra las drogas en Filipinas, el tribunal sigue siendo una vía crucial, aunque lenta, para la justicia. La Sala de Apelaciones de la CPI confirmó recientemente su competencia en un caso que afecta al ex presidente filipino Rodrigo Duterte, una sentencia celebrada por los abogados de las víctimas como un "triunfo de su derecho... a la verdad y la justicia". Sin embargo, las acusaciones contra su fiscal jefe corren el riesgo de empañar la reputación del tribunal y su capacidad para funcionar como árbitro imparcial del derecho internacional.
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