Una nueva propuesta para gravar las segundas residencias de lujo en la ciudad de Nueva York podría generar 500 millones de dólares en ingresos anuales, pero los críticos argumentan que un impuesto sobre la tierra más amplio sería una solución más eficaz.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respalda una propuesta para gravar anualmente las pieds-à-terre valoradas en 5 millones de dólares o más, con el objetivo de generar al menos 500 millones de dólares en ingresos anuales para ayudar a cerrar la brecha presupuestaria proyectada de 5.400 millones de dólares de la ciudad. El recargo propuesto se dirige a las residencias no principales, incluidas las que pertenecen a residentes de fuera del estado e inversores, en un nuevo esfuerzo por hacer que los ultrarricos contribuyan más a los servicios de la ciudad.
"Si puedes permitirte una segunda vivienda de 5 millones de dólares que permanece vacía la mayor parte del año, puedes permitirte contribuir como cualquier otro neoyorquino", dijo la gobernadora Hochul en un comunicado. "Esta propuesta simplemente garantiza que contribuyan de manera significativa a que la ciudad de Nueva York siga siendo la mejor ciudad del mundo".
El impuesto se aplicaría a las aproximadamente 59.000 pieds-à-terre identificadas en una encuesta de 2023, una disminución respecto a las 75.000 de 2017. El impulso al impuesto ganó fuerza tras compras de lujo de alto perfil, como el ático de 238 millones de dólares de Ken Griffin en 2019, que se valoró en solo 9,4 millones de dólares a efectos fiscales. Aunque el tipo impositivo exacto no se ha finalizado, propuestas anteriores han sugerido una escala móvil.
El debate sobre el impuesto a las pieds-à-terre pone de relieve una lucha mayor en la ciudad de Nueva York para abordar la asequibilidad y un déficit presupuestario estructural sin ahuyentar a las rentas altas. Mientras que el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Hochul ven el impuesto como una forma de financiar servicios esenciales, algunos economistas, como Robert P. Inman y Michael S. Knoll, sostienen que un impuesto más amplio sobre el valor de la tierra sería una forma más eficiente desde el punto de vista económico y menos distorsionadora de recaudar ingresos. La propuesta se negociará como parte del presupuesto estatal, que actualmente está fuera de plazo.
Mientras que el impuesto a las pieds-à-terre gana impulso político, algunos expertos en políticas abogan por un enfoque diferente. Robert P. Inman y Michael S. Knoll, de la Wharton School y la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania, proponen un impuesto sobre el valor de la tierra de tipo dividido. Este sistema gravaría la tierra bajo los edificios a un tipo más alto que las estructuras mismas.
Los autores sostienen que un impuesto sobre la tierra es la "mejor forma y la menos distorsionadora" de financiar la agenda de la ciudad. A diferencia de los impuestos sobre la renta o el patrimonio, que pueden provocar la salida de grandes fortunas y empresarios, la tierra es un activo inmóvil. Un impuesto más elevado sobre la tierra también podría fomentar el desarrollo y reducir la desocupación, como se ha visto en ciudades como Pittsburgh, que implementó un impuesto similar en 1979 y vio un aumento subsiguiente en la edificación comercial.
El impuesto a las pieds-à-terre propuesto no es una idea nueva. Una propuesta similar fue rechazada en 2019 tras un intenso cabildeo del sector inmobiliario. Sin embargo, el clima político actual, con el enfoque del alcalde Mamdani en la asequibilidad, ha creado una nueva oportunidad.
El impuesto está diseñado para que los propietarios de apartamentos de lujo de fuera del estado contribuyan al mantenimiento de la ciudad, incluidos los servicios de policía, bomberos, saneamiento y transporte, que utilizan sin pagar el impuesto municipal sobre la renta. Otras ciudades globales como París, Singapur y Vancouver han implementado impuestos similares para recaudar ingresos y fomentar el uso de propiedades vacías como alquileres a largo plazo.
El éxito de esta propuesta dependerá de los detalles finales de la estructura fiscal y de la capacidad de los legisladores para superar la oposición del sector inmobiliario. Si se aprueba, podría sentar un precedente para otras ciudades de EE. UU. que lidian con problemas similares de asequibilidad de la vivienda y déficits presupuestarios.
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