Puntos clave
Una propuesta de la Comisión Europea para otorgar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), con sede en París, poder de supervisión directa sobre las mayores empresas de criptomonedas del bloque se enfrenta a la oposición de Malta, lo que plantea una batalla clave sobre el futuro de la regulación de la UE. El plan cuenta con el respaldo de al menos tres estados miembros: Francia, Austria e Italia.
La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) cree que es "prematuro introducir cambios estructurales" como la supervisión centralizada, según declaró un portavoz a Cointelegraph. Argumentaron que el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) solo ha pasado a ser plenamente aplicable recientemente y que su "impacto en el mercado y en los agentes del mercado todavía se está evaluando".
El impulso hacia la centralización se produce tras un documento conjunto de septiembre de 2025 de las autoridades de mercado de Francia, Austria e Italia que pedía un "marco europeo más sólido". Sostienen que la supervisión centralizada es necesaria para frenar el "regulatory shopping" (búsqueda de la regulación más favorable) y abordar las "grandes diferencias" en la forma en que los reguladores nacionales autorizan a las empresas. El debate se vio amplificado por una revisión por pares de la ESMA sobre una autorización de un CASP maltés, que según se informa sería OKX, la cual determinó que el proceso "debería haber sido más exhaustivo".
Lo que está en juego es el equilibrio central de MiCA, que permite a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) obtener la autorización en un estado miembro y contar con un pasaporte para esos servicios en las 27 naciones de la UE. El resultado de esta disputa determinará si el poder regulatorio se consolida a nivel de la UE o permanece en manos de las autoridades nacionales, una decisión con implicaciones significativas para la competitividad de Europa en el mercado de activos digitales.
Los defensores de la medida argumentan que un único supervisor para las grandes empresas de criptomonedas transfronterizas conduciría a una "supervisión más eficiente y armonizada", dijo un portavoz de la ESMA a Cointelegraph. Esto fortalecería la protección de los inversores y reduciría el riesgo de "forum shopping", donde las empresas buscan las jurisdicciones con las normas más favorables. El documento conjunto de Francia, Austria e Italia se hizo eco de estas preocupaciones, advirtiendo que las prácticas nacionales divergentes podrían socavar la integridad del mercado de activos digitales de Europa.
La ESMA ya coordina revisiones por pares de las autoridades nacionales, incluida la revisión acelerada del CASP maltés. Si bien la revisión concluyó que Malta cumplía las expectativas sobre su configuración de supervisión, el hallazgo de que la autorización específica podría haber sido más rigurosa se está utilizando como evidencia de por qué es necesaria la centralización.
Malta sostiene que su posición no se trata de proteger su ventaja nacional, sino de la "oportunidad y eficacia regulatoria". Ian Gauci, del bufete de abogados maltés GTG, uno de los artífices del marco original de criptomonedas de Malta, argumentó que el debate debería centrarse en la estructura de la supervisión en sí. Sugirió que, en lugar de una centralización general, el poder debería dirigirse a empresas transfronterizas genuinamente sistémicas con riesgos claramente identificados.
OKX, el exchange que, según se informa ampliamente, fue objeto de la revisión de la ESMA, rechaza la noción de que eligió Malta para capturar a un regulador. Erald Ghoos, CEO europeo de la firma, afirmó que su autorización MiCA fue el resultado de una relación de varios años bajo un régimen de altos estándares desde 2021, "no un proceso acelerado".
La principal preocupación de Gauci es la fragmentación estructural. Advirtió que dividir la supervisión de una sola gran empresa entre la ESMA para la conducta de mercado, las autoridades nacionales para cuestiones locales, la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) y los riesgos de TI independientes bajo la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) podría dejar la rendición de cuentas destrozada en una crisis. "Una vez que se divide la supervisión así, esa unidad desaparece", dijo.
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