El emprendedor de criptomonedas Justin Sun presentó una demanda el 21 de abril en un tribunal federal de California contra World Liberty Financial, intensificando una disputa sobre aproximadamente 75 millones de dólares en tokens WLFI congelados.
"Congelaron injustamente todos mis tokens, me despojaron de mi derecho a votar en propuestas de gobernanza y han amenazado con destruir permanentemente mis tokens 'quemándolos'", afirmó Sun en un comunicado publicado en X, reafirmando su apoyo al presidente Trump pero criticando las acciones del equipo de WLFI.
La denuncia alega incumplimiento de contrato y fraude, derivados de una congelación de billetera que bloqueó 540 millones de tokens WLFI desbloqueados y 2,400 millones de tokens bloqueados. La congelación ocurrió después de que Sun transfiriera entre 9 y 11 millones de dólares en tokens. Sun invirtió inicialmente unos 30 millones de dólares a finales de 2024, aumentando posteriormente su compromiso total.
La demanda desafía la premisa central de las finanzas descentralizadas, cuestionando si un proyecto puede restringir unilateralmente los activos de un titular importante de tokens sin el debido proceso. El resultado podría sentar un precedente legal para los derechos de los inversores en el creciente sector "PoliFi" e impactar en cómo se perciben los proyectos con mecanismos de control centralizados.
De aliado a adversario
Sun fue inicialmente un respaldo y asesor clave para el proyecto WLFI vinculado a Trump, elogiando su alineación pro-cripto. La relación se agrió después de que el equipo de WLFI supuestamente introdujera una "función de lista negra por puerta trasera" en el contrato inteligente en agosto de 2025 sin informar a los inversores, según la presentación judicial. Un mes después, la billetera de Sun fue incluida en la lista negra. WLFI ha mantenido que la congelación fue una medida de seguridad rutinaria.
El conflicto se intensificó tras una reciente propuesta de gobernanza para desbloquear 62,000 millones de tokens WLFI. Sun criticó el plan, al que calificó como "una de las estafas de gobernanza más absurdas", señalando que el 72% de los tokens desbloqueados pertenecían a personas internas, incluidos ejecutivos y fundadores, mientras que los compradores públicos que adquirieron tokens en 2024 y 2025 poseían el resto. La propuesta, según Sun, otorga a los titulares públicos de tokens poca voz en una decisión que podría generar una enorme presión de venta sobre el token.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
