Google se enfrenta a una nueva demanda de 3.000 millones de libras (4.000 millones de dólares) en el Reino Unido, donde una demanda colectiva alega que el gigante tecnológico ha abusado de su posición dominante en el mercado de la publicidad gráfica en línea desde 2015.
"Los anunciantes tienen muchas opciones y eligen nuestras herramientas tecnológicas publicitarias porque son sencillas, eficaces y asequibles", afirmó un portavoz de Google, calificando las acusaciones de "infundadas".
La demanda, presentada por el bufete de abogados KP Law, argumenta que las prácticas anticompetitivas de Google provocaron que los anunciantes del Reino Unido pagaran precios inflados por una publicidad menos eficaz. La acción incluye automáticamente a todos los anunciantes del Reino Unido que hayan pagado por los servicios de Google desde el 1 de octubre de 2015, a menos que opten por excluirse. Esto se suma a una reclamación similar de 13.600 millones de libras de editores en línea que recibió luz verde para ir a juicio en 2024.
El caso representa otra amenaza legal y financiera significativa para el negocio publicitario de Google, que ya se encuentra bajo una intensa presión regulatoria a nivel mundial. El gobierno de EE. UU. está intentando activamente fragmentar el negocio, mientras que la Unión Europea ya ha emitido una multa de 2.950 millones de euros por un comportamiento anticompetitivo similar, una decisión que Google está apelando.
La demanda sostiene que Google favoreció sus propios servicios de publicidad gráfica, como los anuncios de banner que se muestran en los sitios web, mientras excluía a sus rivales. KP Law afirmó que las prácticas de Google hicieron que los "anunciantes pagaran más por una publicidad gráfica menos eficaz".
Este desafío legal está estructurado como una acción colectiva, lo que significa que todos los clientes potencialmente afectados se incluyen automáticamente a menos que elijan excluirse. Se suma a una lista creciente de desafíos antimonopolio que enfrenta el gigante tecnológico estadounidense. Una demanda separada de 13.600 millones de libras presentada en nombre de los editores de contenido en línea fue autorizada en 2024 para proceder a juicio en el Reino Unido.
Las prácticas publicitarias de la empresa han sido objeto de múltiples investigaciones y procedimientos legales en el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos, lo que refleja un rechazo regulatorio de base amplia contra su poder de mercado.
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