Phnom Penh deporta a más de 13.000 ciudadanos extranjeros y promulga una nueva ley con cadenas perpetuas para los cabecillas de estafas mientras avanza para desmantelar su industria del cibercrimen de miles de millones de dólares.
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Phnom Penh deporta a más de 13.000 ciudadanos extranjeros y promulga una nueva ley con cadenas perpetuas para los cabecillas de estafas mientras avanza para desmantelar su industria del cibercrimen de miles de millones de dólares.

Camboya ha cerrado 91 casinos y ha deportado a más de 13.000 ciudadanos extranjeros en una amplia redada contra el cibercrimen transnacional, tras la presión diplomática de alto nivel de China para erradicar las vastas redes de estafas que operan dentro de sus fronteras.
"Bajo el liderazgo del primer ministro Hun Manet, Camboya ha convertido la lucha contra las estafas en línea en una prioridad nacional", afirmó Neth Pheaktra, ministro de Información de Camboya, en un comunicado, y añadió que el gobierno tiene una "determinación inquebrantable para erradicar las estafas en línea".
La acción de cumplimiento, que ha visto más de 250 centros de estafa allanados en nueve meses, se aceleró después de la visita del ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, el 22 de abril. Las autoridades informan que 13.039 ciudadanos extranjeros han sido deportados y otras 241.888 personas abandonaron el país voluntariamente entre enero y abril, al entrar en vigor una nueva ley contra las estafas con penas de hasta cadena perpetua.
La redada representa un intento crítico de Camboya por restaurar su reputación internacional y desmantelar la etiqueta de "Scambodia" que ha disuadido la inversión legítima. El éxito de esta campaña es vital para que Phnom Penh recupere su posición económica y diplomática, con la fecha límite del 1 de julio para los nuevos decretos regionales de ciberseguridad acercándose rápidamente.
Para proporcionar un respaldo legal a la redada, Camboya promulgó una nueva ley el 6 de abril de 2026, creando algunas de las penas más duras de la región para el cibercrimen. Bajo el nuevo marco, los cabecillas de operaciones de estafa que resulten en la muerte de una víctima pueden enfrentarse a cadena perpetua. Los jefes cuyas operaciones impliquen tortura, detención ilegal o tráfico de personas se enfrentan a penas de 10 a 20 años, mientras que incluso los participantes de bajo nivel se enfrentan a entre dos y cinco años de prisión.
Las duras penas son una respuesta directa a la naturaleza brutal de los recintos de estafas, donde las víctimas a menudo son atraídas con ofertas de trabajo fraudulentas y luego retenidas cautivas y obligadas a realizar estafas. La legislación tiene como objetivo desmantelar la jerarquía criminal de arriba hacia abajo, señalando el fin de la era de impunidad para los operadores en el país.
La campaña intensificada sigue a meses de creciente presión internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, fue inequívoco durante su visita de abril, instando a Camboya a tomar "medidas más fuertes" y erradicar por completo las redes que amenazan la seguridad pública en ambas naciones. El tema se ha convertido en un importante punto focal en las relaciones entre Camboya y China.
La presión no proviene solo de Beijing. Estados Unidos también ha anunciado sanciones y cargos penales contra redes de cibercrimen con base en Camboya y Myanmar. El escrutinio internacional coordinado ha dejado a Phnom Penh con poca otra opción que actuar con decisión. La campaña también ha tenido un impacto significativo en la vecina Tailandia, que está cooperando con China para perseguir a los cabecillas y ha llevado a cabo sus propios allanamientos en centros de estafas a lo largo de las fronteras tailandesa-camboyana y de Myanmar. Los cierres y las deportaciones masivas son una señal clara de que Camboya está intentando demostrar un progreso visible a sus socios internacionales.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.