ADMA Biologics Inc. fue demandada por fraude de valores, acusada de inflar sus ingresos mediante prácticas de canal de distribución ('channel stuffing'), lo que provocó una caída del 29% en el valor de sus acciones.
"El crecimiento reportado por ADMA es una ficción impulsada más que por completo por un esquema de canal de distribución encubierto", señaló Culper Research en un informe del 24 de marzo que desencadenó la venta masiva.
La demanda colectiva abarca a inversores que compraron valores de ADMA entre el 9 de agosto de 2024 y el 25 de marzo de 2026. La demanda alega que la empresa realizó declaraciones falsas sobre su crecimiento de ingresos y carecía de controles internos adecuados. ADMA reportó un crecimiento de ingresos del 20% en 2025, pero Culper estimó que el crecimiento real fue negativo del 3%.
Las acciones cayeron 3,96 dólares en dos sesiones de negociación tras el informe, cerrando a 9,63 dólares el 25 de marzo. Cantor Fitzgerald posteriormente rebajó la calificación de las acciones, citando decepción con la respuesta de ADMA a las alegaciones.
La demanda, presentada por Kessler Topaz Meltzer & Check LLP, alega que ADMA indujo a un distribuidor a acumular productos en exceso ofreciendo reembolsos y plazos de pago extendidos, lo que permitió a la empresa registrar ingresos que no reflejaban la demanda real. Dos empleados de alto nivel en uno de los dos mayores distribuidores de ADMA confirmaron el esquema, según el informe de Culper. Múltiples firmas legales, incluidas Robbins LLP, Glancy Prongay Wolke & Rotter LLP y Pomerantz LLP, también han anunciado investigaciones o presentado acciones relacionadas.
ADMA, una empresa biofarmacéutica en etapa comercial enfocada en terapias derivadas del plasma para pacientes inmunodeficientes, generó la mayor parte de sus ingresos de su producto ASCENIV. El informe de Culper alegó que, a partir de 2025, ADMA utilizó reembolsos y plazos de pago extendidos para inducir a un distribuidor a acumular inventario excesivo.
Las acciones de ADMA cerraron a 8,29 dólares el 26 de marzo tras la rebaja de Cantor Fitzgerald, frente a los 13,59 dólares antes del informe de Culper. La acción ahora cotiza cerca de su nivel más bajo desde que surgieron las alegaciones. Los inversores tienen hasta el 10 de agosto para solicitar su designación como demandante principal en la demanda colectiva.
La demanda añade riesgo legal a la ya dañada credibilidad de ADMA ante los inversores. La respuesta de la empresa a las alegaciones y cualquier posible reformulación de resultados financieros anteriores serán catalizadores clave a seguir.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.