Una coalición de cinco miembros de la Unión Europea está presionando para que se aplique un impuesto de emergencia a los beneficios del sector energético, reactivando una polémica herramienta de crisis de 2022 mientras la guerra en Irán dispara los precios del combustible más de un 70%.
Cinco de las mayores economías de la Unión Europea están pidiendo un impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas en toda la UE, una respuesta directa al encarecimiento de los combustibles desde que comenzó la guerra de Irán. En una carta conjunta, los ministros de Finanzas de Alemania, Italia, España, Portugal y Austria instaron a la Comisión Europea a redactar un "instrumento de contribución" para redirigir los beneficios impulsados por el conflicto.
"También enviaría un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner de su parte para aliviar la carga de la población general", escribieron los ministros en una carta dirigida al Comisario de Clima de la UE, Wopke Hoekstra, según un informe de Reuters.
La petición se produce en un momento en que los precios del gas en Europa se han disparado más de un 70 por ciento desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, creando un choque de precios que recuerda a la crisis energética de 2022. La carta señala explícitamente el precedente sentado ese año, cuando la UE introdujo un conjunto de políticas de emergencia, incluido un impuesto sobre los beneficios inesperados, tras la invasión rusa de Ucrania y los subsiguientes recortes de los suministros de gas.
De aplicarse, el impuesto presionaría directamente la rentabilidad de los productores y refinadores de energía europeos, aumentando el riesgo regulatorio en todo el sector y enfriando potencialmente las inversiones futuras. La medida señala un creciente consenso político para intervenir en los mercados, y la Comisión estudia ahora activamente la posibilidad de reactivar su manual de crisis de 2022 ante lo que podría ser un invierno difícil.
La propuesta de las cinco naciones no es un llamamiento aislado. Francia ya ha pedido por separado a la UE que garantice que las refinerías no cobren precios excesivos por el combustible. La presión colectiva de las principales economías, incluidas Alemania e Italia, dificulta que la Comisión Europea la ignore.
La "contribución de solidaridad" de 2022 obligaba a los productores de combustibles fósiles a realizar un pago obligatorio basado en los beneficios que fueran más de un 20 por ciento superiores a la media de los cuatro años anteriores. Aunque la nueva carta no especifica ningún nivel impositivo, solicita un "instrumento de contribución similar en toda la UE basado en una base jurídica sólida", lo que sugiere que la reactivación de ese marco es la principal opción que se baraja.
La presión a favor de un impuesto llega mientras Europa se prepara para una crisis energética más amplia. El Comisario de Energía de la UE, Dan Jorgensen, afirmó que los funcionarios están especialmente preocupados por el suministro a corto plazo de productos petrolíferos refinados, como el diésel y el combustible para aviones. La gran dependencia de las importaciones deja al bloque expuesto a cualquier interrupción en Oriente Medio.
La guerra ya ha tenido un impacto financiero significativo. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que los primeros 10 días del conflicto costaron a los contribuyentes europeos 3000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles. Los analistas del centro de estudios Bruegel estiman que una duplicación sostenida de los precios del gas añadiría aproximadamente 100 000 millones de euros a la factura anual de importaciones de Europa. Esta renovada presión sobre los precios amenaza con reavivar la inflación, paralizar la industria manufacturera y aumentar los precios de los alimentos en todo el continente.
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