Un artículo de opinión de un exasesor de ambas transiciones presidenciales de Trump sostiene que las amenazas contra la infraestructura de una nación no califican como crímenes de guerra, citando una larga historia de prácticas militares aceptadas que desafían las críticas recientes a la retórica presidencial sobre Irán. El análisis, basado en precedentes históricos, sugiere una clara distinción en el derecho internacional entre amenazar con la destrucción y el ataque deliberado a civiles.
"Su propiedad es discutible, pero como cuestión de precedente histórico y de derecho, no son crímenes de guerra", escribió Thomas Beck, autor de “Constitutional Separation of Powers: Cases & Commentary”, en el Wall Street Journal.
El argumento se basa en varios eventos históricos clave donde los ataques a la infraestructura fueron generalizados. La Declaración de Potsdam en julio de 1945 advirtió a Japón de una “destrucción rápida y total”, una amenaza materializada por los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Los tribunales de posguerra procesaron el genocidio y el maltrato de prisioneros, pero no establecieron una norma contra la destrucción de infraestructura de uso civil. Este precedente se reforzó durante la Guerra de Corea, donde una campaña masiva de bombardeos estadounidenses devastó ciudades norcoreanas, y nuevamente en la Guerra del Golfo de 1991 y la campaña de Kosovo de 1999, donde las fuerzas de la coalición atacaron activos como redes eléctricas y puentes que estaban entrelazados con la vida civil.
Lo que está en juego es el marco legal que rige la guerra moderna, particularmente en enfrentamientos que involucran puntos estratégicos económicos críticos. El Estrecho de Ormuz, objeto de las polémicas amenazas, maneja más del 20% del comercio diario mundial de petróleo, y cualquier conflicto allí conlleva un potencial significativo de volatilidad en los precios mundiales de la energía. El entendimiento legal constante ha sido que la infraestructura que contribuye a la capacidad de combate de un adversario es un objetivo legítimo, una definición que históricamente ha incluido desde redes de transporte hasta centrales eléctricas.
Esta interpretación legal persistió durante la Guerra Fría, donde la estrategia de destrucción mutua asegurada amenazaba explícitamente con la aniquilación de ciudades enteras y la infraestructura que sostenía a millones de no combatientes. Estos preparativos no fueron tratados como criminales, sino que fueron aceptados como una parte central del equilibrio estratégico. El artículo señala que si bien la retórica del presidente Trump se encuadra en esta tradición de comunicación en tiempos de guerra, su aplicación en el clima geopolítico actual sigue siendo objeto de un intenso debate, incluso si no cruza el umbral legal de un crimen de guerra.
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