El enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se enfrenta a un escrutinio por sus tenencias de criptomonedas no desinvertidas, incluidas las acciones de la World Freedom Financial Company afiliada a Trump, lo que provoca acusaciones de conflicto de intereses en medio de llamadas a directrices éticas más claras.

Resumen ejecutivo

El enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, no ha desinvertido sus activos de criptomonedas, incluidas las acciones de la World Freedom Financial Company vinculada a Trump, lo que genera preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses. Esta situación subraya el creciente escrutinio sobre la propiedad de activos digitales por parte de los funcionarios públicos y sus implicaciones para la gobernanza ética y la futura política de criptomonedas.

El evento en detalle: mecánica financiera y tenencias sin resolver

Witkoff, que se desempeña como enviado especial para Oriente Medio y misiones de paz, reveló anteriormente la venta de una participación en su empresa inmobiliaria por 120 millones de dólares mientras seguía una carrera diplomática. Sin embargo, su plan reportado de desinvertir sus tenencias de criptomonedas, transfiriéndolas a sus hijos, aún no se ha materializado para activos como sus acciones en la World Freedom Financial Company (WFFC).

La WFFC, un negocio de criptomonedas asociado con la familia Trump y que opera desde la Torre Trump, se lanzó en octubre de 2024. Ha introducido la stablecoin USD1 y el token WLFI, alcanzando una capitalización de mercado de hasta 2.200 millones de dólares y registrando 1.500 millones de dólares en volumen de operaciones. Los informes indican un depósito de 2.000 millones de dólares en WLFI, que se ha discutido en conjunto con acuerdos que implican un acceso significativo a chips de IA para los EAU, lo que plantea preguntas sobre posibles arreglos financieros y diplomáticos superpuestos.

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado: intersecciones políticas con las criptomonedas

La aparición de WFFC, junto con sus afiliaciones políticas, representa una intersección distinta entre las empresas de criptomonedas y la influencia gubernamental. Este modelo de negocio, respaldado por una familia políticamente prominente, difiere de las estrategias tradicionales de adopción de criptomonedas corporativas.

El interés más amplio del gobierno en los activos digitales también es evidente. En marzo de 2025, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva estableciendo la Reserva Estratégica de Bitcoin y la Reserva de Activos Digitales de los Estados Unidos. Esta iniciativa propuso mantener activos como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP y Cardano (ADA). El propio presidente Trump tiene una relación comercial con Solana, habiendo lanzado el memecoin $TRUMP en su blockchain antes de su toma de posesión. Las divulgaciones financieras también muestran que diecinueve funcionarios de la Casa Blanca poseen colectivamente entre 875.000 y 2,35 millones de dólares en los activos de reserva cripto nacionales propuestos, con Bitcoin y los ETF de Bitcoin constituyendo la mayor parte de estas tenencias.

Implicaciones más amplias para el mercado y comentarios de expertos

Las tenencias de criptomonedas no desinvertidas de Witkoff y otros funcionarios, particularmente sus vínculos con empresas de criptomonedas políticamente conectadas, presentan implicaciones de mercado significativas, principalmente en torno a los estándares éticos y la claridad regulatoria.

La senadora Elizabeth Warren y el senador Jeff Merkley han expresado profundas preocupaciones, describiendo tales tratos como un 'asombroso conflicto de intereses' y un posible 'engaño'. Cuestionaron explícitamente si los pagos a WLF de entidades respaldadas por el estado como la firma de inversión emiratí MGX podrían violar la Cláusula de Emolumentos de la Constitución de los EE. UU. o los estatutos federales de ética, incluidas las disposiciones contra el soborno.

Richard W Painter, un ex funcionario de ética de la Casa Blanca, señaló que si Witkoff tiene un interés en World Liberty Financial y un fondo controlado por los EAU invierte en él, es probable que constituya una violación de la Cláusula de Emolumentos. También citó las reglas de la Oficina de Ética del Gobierno (OGE) que establecen:

Un empleado no puede utilizar su cargo público para su propio beneficio privado, para el respaldo de ningún producto, servicio o empresa... o para el beneficio privado de amigos, familiares o personas con las que el empleado está afiliado.

Si bien las reglas de ética del gobierno generalmente requieren que los altos funcionarios desinviertan los activos en conflicto, el presidente está exento de algunas disposiciones, lo que genera temores entre los expertos en ética de una posible auto-negociación en las decisiones de política relacionadas con las criptomonedas. La situación actual contribuye a un sentimiento de mercado incierto mientras las partes interesadas esperan directrices éticas más claras y posibles desarrollos regulatorios con respecto a la propiedad de activos digitales por parte de los servidores públicos.