Los senadores estadounidenses Bill Cassidy y Cynthia Lummis presentaron la "Ley Minada en América" el 30 de marzo, un impulso legislativo para fortalecer el control doméstico sobre la cadena de suministro de activos digitales. El proyecto de ley aborda directamente un desequilibrio estratégico significativo: mientras que Estados Unidos representa aproximadamente el 38% del hash rate global de Bitcoin, alrededor del 97% del hardware de minería especializado es fabricado por empresas extranjeras, principalmente en China. Esta dependencia es vista por los legisladores como un riesgo económico y de seguridad nacional crítico.
Para contrarrestar esto, la ley propone un programa de certificación voluntaria para instalaciones de minería que cumplan con estándares específicos de seguridad y abastecimiento. Los operadores certificados "Minados en América" deberán eliminar gradualmente el hardware vinculado a adversarios extranjeros. En lugar de autorizar nuevos gastos, el proyecto de ley permitiría que estos proyectos certificados accedan a programas de financiación federal existentes a través del Departamento de Energía y el Departamento de Agricultura, posicionando la minería de Bitcoin como una herramienta potencial para la gestión de la red energética y el desarrollo rural.
EE. UU. avanza para formalizar una Reserva Estratégica de Bitcoin
La otra disposición principal de la legislación es el establecimiento formal de una Reserva Estratégica de Bitcoin dentro del Tesoro de EE. UU., codificando una orden ejecutiva previa de la administración Trump. Este movimiento señala un paso significativo hacia la integración de Bitcoin en la estrategia financiera nacional, tratándolo como un activo estratégico a ser mantenido a largo plazo por el gobierno. La reserva institucionalizaría las tenencias del gobierno federal, que actualmente consisten en gran parte en activos incautados en acciones de cumplimiento de la ley.
El proyecto de ley describe una vía "neutral en cuanto al presupuesto" para hacer crecer la reserva. Los ingresos generados por recompensas de staking y airdrops vinculados a otros activos digitales incautados se convertirían en Bitcoin. Además, crea un poderoso incentivo para la producción nacional al permitir que los mineros certificados vendan el Bitcoin recién minado directamente al Tesoro a cambio de una exención del impuesto sobre las ganancias de capital, creando una línea de suministro directa para la reserva nacional.
La inversión en minería se mantiene fuerte a pesar de la volatilidad de los precios
Esta iniciativa política llega en un momento en que los datos muestran una inversión a largo plazo sostenida en la infraestructura central de Bitcoin. Un análisis de mercado reciente de Glassnode indica que el hash rate de Bitcoin se ha mantenido elevado, manteniéndose en un rango entre 0,9 billones y 1,2 billones de hashes por segundo, incluso cuando el precio de Bitcoin corrigió desde sus máximos de finales de 2025. Esta divergencia entre el precio y la inversión en seguridad de la red destaca la maduración de la industria, reforzando por qué los formuladores de políticas consideran cada vez más el control sobre la capacidad de minería y las cadenas de suministro de hardware como una cuestión de importancia estratégica nacional.