Resumen ejecutivo
La Cámara de Representantes de Florida ha introducido el Proyecto de Ley 183, que permite al Director Financiero del estado y a la Junta de Administración del Estado invertir hasta el 10% de los fondos públicos, incluido el Fondo Fiduciario del Sistema de Jubilación de Florida, en activos digitales y productos negociados en bolsa. Esta medida significa un paso importante hacia la legitimación de los activos digitales dentro de las carteras financieras estatales, lo que podría aumentar la adopción institucional.
El evento en detalle
El Proyecto de Ley 183, presentado en la Cámara de Representantes de Florida, propone permitir que el Director Financiero del estado asigne hasta el 10% de los fondos públicos designados, incluidos el Fondo General de Ingresos, el Fondo de Estabilización Presupuestaria y varios fondos fiduciarios, a "activos digitales" y productos negociados en bolsa. Al mismo tiempo, el proyecto de ley autoriza a la Junta de Administración del Estado a invertir un 10% equivalente del Fondo Fiduciario del Sistema de Jubilación de Florida en activos digitales. La legislación define ampliamente los activos digitales para incluir Bitcoin, valores tokenizados y NFT, junto con estrictos requisitos de custodia y control. Los arreglos de custodia permitidos incluyen la tenencia de activos directamente por el Director Financiero, a través de un custodio calificado o a través de un ETF registrado por la SEC. El proyecto de ley, si se aprueba, está programado para entrar en vigor el 1 de julio de 2026, y también incluye disposiciones para que los floridanos paguen ciertos impuestos y tarifas utilizando activos digitales, que posteriormente se convertirían a dólares estadounidenses para el fondo general del estado.
Mecanismos financieros
El mecanismo financiero central del HB 183 implica la asignación de un porcentaje específico de los activos estatales. Tanto los fondos públicos del estado bajo la jurisdicción del Director Financiero como el Fondo Fiduciario del Sistema de Jubilación de Florida están limitados a un umbral de inversión del 10% para activos digitales. Este límite se aplica a las inversiones directas en activos digitales definidos y a las inversiones indirectas a través de productos negociados en bolsa. El proyecto de ley enfatiza la custodia segura, exigiendo que los activos sean mantenidos por el Director Financiero, un custodio calificado o a través de un ETF registrado por la SEC. Esta estructura tiene como objetivo integrar las inversiones en activos digitales en los marcos financieros tradicionales aprovechando las soluciones de custodia reguladas y los vehículos de inversión.
Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado
La legislación propuesta por Florida se alinea con una tendencia creciente entre los estados de EE. UU. que exploran la integración de activos digitales en la gestión financiera pública. El proyecto de ley hace referencia a una orden ejecutiva de la Casa Blanca de marzo de 2025 que establece una "Reserva Estratégica de Bitcoin" federal y un inventario de activos digitales como telón de fondo de la política, enmarcando a Bitcoin como un potencial depósito de valor y una cobertura contra la inflación. Esta medida posiciona a Florida junto a estados como Arizona, New Hampshire y Texas, que promulgaron medidas similares en 2025. Julian Fahrer, fundador de Bitcoin Laws, señaló que "más de 50 proyectos de ley de reserva se introdujeron en todo el país este año", lo que indica un impulso significativo a nivel estatal a pesar de las aclaraciones del Secretario del Tesoro Scott Bessent de que la reserva federal consistiría solo en Bitcoin incautado, no en nuevas compras. Esta adopción liderada por el estado refleja un esfuerzo estratégico para diversificar las carteras estatales y aprovechar los activos digitales dentro de un entorno regulado.
Implicaciones de mercado
Si el HB 183 se aprueba, podría afectar significativamente el ecosistema Web3 más amplio y el sentimiento de los inversores institucionales. La autorización para que los fondos estatales y de pensiones inviertan hasta el 10% de sus activos en activos digitales representa una entrada potencial sustancial de capital en el mercado de criptomonedas, particularmente para Bitcoin. Esto podría legitimar aún más los activos digitales como una clase de activos para fondos públicos, sentando un precedente para otros estados. El énfasis del proyecto de ley en los ETF registrados por la SEC y los custodios calificados subraya el panorama regulatorio en evolución, donde marcos como el respaldo de la SEC a las compañías fiduciarias con estatuto estatal están permitiendo soluciones de custodia seguras utilizando módulos de seguridad de hardware (HSM) y computación multipartita (MPC). Si bien esto señala una mayor comodidad institucional, persisten desafíos como la escasa liquidez en ciertos mercados de NFT y las ambigüedades regulatorias. La reclasificación de los NFT como "coleccionables" también introduce consideraciones fiscales para los inversores, ya que las tasas más altas de ganancias de capital a largo plazo pueden afectar la participación minorista.
Comentarios de expertos
Los observadores de la industria destacan el creciente interés a nivel estatal en los activos digitales. Julian Fahrer afirmó: "Más de 50 proyectos de ley de reserva se introdujeron en todo el país este año. Espero que ese número crezca la próxima sesión". Con respecto a los mensajes federales, la aclaración del Secretario del Tesoro Scott Bessent sobre la Reserva Estratégica Federal de Bitcoin, declarando que solo comprendería Bitcoin incautado, no disuadió el impulso a nivel estatal, y Bessent comentó: "En todo caso, validó el concepto y presionó a los estados para que se pusieran al día". Sin embargo, el escepticismo persiste dentro de algunos círculos financieros tradicionales. Keith Brainard, director de investigación de la Asociación Nacional de Administradores de Jubilación del Estado, ha expresado reservas con respecto a la inversión de fondos de pensiones públicos en criptomonedas debido a su corta trayectoria y la posible falta de coincidencia con los perfiles de riesgo-recompensa, dado los casi $6 billones en activos supervisados por estos profesionales.
Contexto más amplio
El HB 183 de Florida es parte de un diálogo nacional más amplio en torno a la integración de activos digitales en las finanzas públicas. El impulso a nivel estatal está ocurriendo simultáneamente con los desarrollos regulatorios federales. Las acciones de la SEC en 2025, incluida la revocación de SAB 121 y la nueva Regla de Salvaguarda propuesta para los Asesores de Inversión Registrados (RIA), están reformando las obligaciones de custodia de activos digitales. Estos cambios están diseñados para invitar a las instituciones financieras principales, como bancos y grandes compañías fiduciarias, al espacio de custodia de criptomonedas, ampliando el grupo de custodios calificados. Esta evolución regulatoria tiene como objetivo cerrar la brecha entre el mundo de las criptomonedas y la infraestructura financiera tradicional, proporcionando vías más claras para el compromiso institucional y la diligencia debida en las relaciones de custodia. La tendencia general indica una maduración del mercado de activos digitales, avanzando hacia proyectos impulsados por la utilidad y productos financieros de grado institucional, aunque el éxito sigue dependiendo de la navegación de los matices regulatorios y el enfoque en propuestas de valor tangibles.
fuente:[1] La nueva propuesta de Florida busca permitir que los fondos del gobierno estatal y los fondos de pensiones inviertan hasta un 10% en Bitcoin y ETF (https://www.techflowpost.com/newsletter/detai ...)[2] La propuesta de Florida pone a bitcoin y ETF en el menú de los fondos estatales y de pensiones - The Block (https://www.theblockcrypto.com/post/263210/fl ...)[3] NFTs y activos digitales: oportunidades de inversión post-sentencia en el ecosistema Web3 (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)