Coinbase Demanda a Cuatro Estados para Defender la Supervisión Federal
Coinbase ha intensificado su batalla sobre los mercados de predicción al presentar demandas en un tribunal federal contra cuatro estados: Connecticut, Illinois, Michigan y Nevada. La acción legal desafía directamente a los reguladores estatales que emitieron órdenes de cese y desistimiento y advertencias públicas destinadas a detener las nuevas ofertas de contratos de eventos de la compañía, que se ofrecen en asociación con la plataforma regulada Kalshi. Los estados sostienen que estos productos constituyen juegos de azar ilegales, una clasificación que Coinbase rechaza firmemente. Según Ryan VanGrack, jefe de litigios de Coinbase, las acciones estatales crearon amenazas “reales e inminentes” para los clientes, forzando a la compañía a buscar claridad judicial sobre la jurisdicción regulatoria.
Ejecutivo Acusa a los Estados de 'Manipulación Psicológica' sobre la Autoridad de la CFTC
El centro de la disputa es si las agencias estatales o federales tienen la autoridad para regular estos instrumentos financieros. VanGrack acusó a los funcionarios estatales de “manipulación psicológica” al tergiversar la ley federal y el papel de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Desestimó los argumentos estatales de que los mercados quedarían sin regular, señalando que la CFTC ya supervisa el mercado de derivados de EE. UU. de varios billones de dólares. Coinbase sostiene que sus contratos de eventos negociados en bolsa, donde los precios son establecidos por compradores y vendedores, son fundamentalmente diferentes de las apuestas deportivas tradicionales donde un operador fija las probabilidades. La compañía argumenta que la Ley de Intercambio de Productos Básicos otorga a la CFTC jurisdicción exclusiva sobre estos derivados.
Un 'Mosaico de 50 Reguladores' Amenaza la Estabilidad del Mercado
La lucha legal refleja la incertidumbre regulatoria más amplia que enfrenta la industria de activos digitales en los Estados Unidos. Coinbase está presionando por un marco federal unificado, argumentando que someter los mercados nacionales de derivados a un “mosaico de 50 reguladores” paralizaría la innovación y socavaría la confianza de los inversores. Si bien reconoce que los estados conservan poder sobre la protección del consumidor y el fraude, VanGrack insiste en que el Congreso pretendía que un solo organismo federal gobernara los derivados. El resultado de estas demandas está a punto de sentar un precedente crítico sobre cómo se regulan los mercados de predicción y otros criptoderivados en todo el país.